AMRICA
LATINA
Santiago del
Estero, el medioevo argentino
La provincia argentina de Santiago del Estero es emblemtica
del tipo de relaciones polticas y sociales que cristalizaron
en determinadas regiones del pas desde tiempos de la Organizacin
Nacional. Una Intervencin dispuesta por el gobierno nacional
intenta acabar con la satrapa de los Jurez, que dur ms
de medio siglo.
Por Ral Dargoltz,
Oscar Gerez y Horacio Cao, co-autores de Santiago del Estero: del oprobio a la esperanza.
Ediciones Le Monde diplomatique.
Como en muchos otros casos de Amrica Latina, la historia
de Santiago del Estero es la crnica de una utilizacin
exhaustiva y destructora de sus recursos naturales a travs
de procesos que, para colmo de males, no son capaces de
garantizar un mnimo bienestar a su poblacin.
Desde su fundacin, el desarrollo de Santiago estuvo ligado
al complejo minero del Potos, hacia donde enviaba textiles
que elaboraba artesanalmente. Todo cambi cuando, al inicio
de la independencia, las explotaciones argentferas quedan
fuera del pas en formacin y las provincias del norte argentino,
que haban sabido ser las ms dinmicas y pobladas quedaron
encajonadas y sin mercados para su produccin.
La decadencia del interior queda sellada por el triunfo
de la poltica librecambista de Buenos Aires y la llamada
"Organizacin Nacional" (ao 1880), que deja constitudos
dos tipos de territorios. Por un lado, un mbito de amplia
modernizacin y progreso socioeconmico, posicionado sobre
la pampa hmeda. Por otro, un espacio perifrico que va
quedando rezagado, en donde se fortalecen y reproducen elementos
tradicionales y semifeudales desde lo econmico, social
y poltico.
Pero an dentro de la periferia no todos tuvieron igual
suerte; algunas provincias lograron desarrollar, con el
apoyo del gobierno nacional, las llamadas "economas
regionales" a partir de las cuales dotaron de un cierto
dinamismo a sus sociedades. Pero Santiago del Estero tuvo
uno de los peores papeles en el reparto: se especializ
en la elaboracin de durmientes para el ferrocarril a travs
de un patrn productivo particularmente destructor de su
sistema ecolgico.
As, desde fines del siglo XIX hasta mediados del XX, los
gobiernos provinciales vendieron a precio vil (1) ms de
nueve millones de hectreas de tierras fiscales y ciento
cincuenta millones de rboles de quebracho colorado fueron
destruidos. Esta enorme riqueza natural, de cuyo producto
slo volvan a la provincia los miserables salarios del
obraje, dejaba detrs de si campos destruidos, a los cuales
resultaba imposible fijar alguna utilidad productiva.
Pobreza social, miseria poltica
La lgica de un pas con dos reas diferenciadas tambin
tuvo su correlato en el mbito poltico, en el que los procesos
de incorporacin social y modernizacin poltica fueron
mucho ms acotados. El peronismo, por ejemplo, que en las
zonas ms avanzadas asumi el carcter de un partido laborista
similar al de cualquier sociedad industrial, en las zonas
perifricas fue movilizador y policlasista, a la manera
de los partidos populistas de las sociedades tradicionales.
En este contexto Es tan difcil explicar que surgiera un
gobierno como el de Carlos Jurez, un strapa que gobern
o control la provincia durante ms de medio siglo? El "juarismo"
es la expresin poltica construida y sostenida sobre la
base de un frreo modelo feudal, en el que el progresivo
empobrecimiento de las clases populares y el pulcro control
sobre la dbil clase media provinciana, fueron sus torres
fundamentales. Todo un andamiaje monrquico sellado a fuego
con la flema autoritaria y astuta de sus hacedor, el abogado
Carlos Arturo Jurez.
Tena 32 aos cuando asumi su primer gobierno en Santiago
del Estero, en mayo de 1949, despus de un ao de Intervencin
federal a la provincia, decretada por Juan Domingo Pern.
A partir de ese momento, ya fuera como primer mandatario
-lo fue en cinco oportunidades- o como legislador nacional
-cuatro veces senador-, nunca dej el poder en la provincia.
Ejerci como gobernador por 16 aos y 11 como senador nacional.
Dentro de la llamada "liturgia juarista", se cuenta
la designacin por parte de la Legislatura provincial como
"Protector ilustre del pueblo" y los multitudinarios
actos polticos en los que su ejrcito de jvenes de la
Juventus Peronista o de mujeres de la Rama Femenina utilizaban
los vehculos oficiales para acarrear gente de los barrios
de la periferia hacia el centro de la ciudad capital santiaguea.
Jurez ha hecho y deshecho a su gusto en Santiago del Estero.
Reform reiteradamente la Constitucin de la provincia segn
la conveniencia de cada momento poltico; cre junto con
su lugarteniente Musa Azar una increble red de espionaje
que persigui a 40.000 personas opositoras a su gobierno;
sustent un poder econmico hegemnico que en sus primeros
gobiernos tuvo a las empresas constructoras como base y
en los ltimos aos a las empresas de servicio, y foment
entre los trabajadores la dependencia del Estado como una
forma de mantener ceido a su puo a una amplia franja del
electorado.
"El que no vota al dotor (sic), o pierde, o nunca consigue,
un laburo (trabajo)", pregonaban por doquier los punteros
adictos. El 16 de diciembre de 1993 hubo un intento por
cambiar la historia. Una pueblada sin precedentes (que fue
dada en llamar "El santiagueazo") quem los edificios
de los tres poderes manejados por Jurez, adems de su propio
domicilio y el de varios convidados del poder. Pero el interventor
designado por el gobierno nacional de Carlos Menem, Juan
Schiaretti, cerr hbilmente todos los caminos a una posible
renovacin y la sociedad de Santiago del Estero, imposibilitada
para ejercer su libertad, al concluir la Intervencin repiti
la nica huella conocida: el juarismo.
Sin embargo, el obstinado mensaje liberador del obispo Gerardo
Sueldo (muerto en sospechosas circunstancias), mantuvo viva
la semilla. En 2002, el escndalo provocado por un doble
crimen de la localidad de La Drsena (en el que Musa Azar
y otros funcionarios juaristas aparecieron vinculados a
la muerte de dos jovencitas durante una orga) y del deterioro
del gobierno de la esposa de Jurez, la iracunda Mercedes
Aragons, terminaron por generar la Intervencin Federal
de la provincia.
Los tiempos haban cambiado: el peronismo menemista haba
acabado sumido en el descrdito; una pueblada haba obligado
a renunciar al sucesor de Menem, Fernando de la Ra, en
medio de una crisis financiera y econmica sin precedentes
y, el nuevo presidente, Nstor Kirchner, no tuvo otro remedio
que intervenir la provincia.
La Intervencin federal
La Intervencin Federal lleg a la provincia gozando de
amplio crdito. Por supuesto, nadie esperaba que de un plumazo
se resolvieran desgracias centenarias, pero el desgaste
del sistema juarista y el perfil del Interventor Pablo Lanusse
(padre de familia, catlico-apostlico-romano, sin pertenencia
partidaria) encajaba perfectamente con las aspiraciones
de buena parte de la sociedad provincial.
La respuesta del nuevo gobierno a estas expectativas, luego
de superar la prueba de estabilizarse en el poder (2), fue
el lanzamiento de una agenda de trabajo centrada en la reforma
de las instituciones polticas provinciales.
Alcanzar este objetivo no era un desafo menor. Se enfrentaba
a una estructura poltica que se haba retirado intacta
y que perviva en innumerables redes informales de soporte
y en mil aliados en la justicia federal, en cargos subalternos
del poder ejecutivo, en los municipios, en la prensa.
Pero antes de analizar este tema, conviene mencionar otra
batalla que se libra en Santiago del Estero por estas horas:
la porfa por desarticular la alianza entre el poder poltico
y el poder econmico, representado emblemticamente por
el grupo de empresas de Nstor Ick, que haba sabido construir
un verdadero imperio bajo el ala del juarismo.
A poco de llegar al gobierno la Intervencin Federal se
propuso desmontar la articulacin parasitaria que el poder
econmico construy en su relacin con el poder poltico.
Dicho en palabras del ministro de Salud Donato Spaccavento:
"Hay que hablar claro, con nombres y apellidos. Aqu
(Carlos) Jurez encabez un rgimen que respondi a los
sectores econmicos ms altos, a la concentracin econmica,
y nunca fue un fenmeno a favor de la gente (...) Operaban
con esta alianza entre polticos y empresarios. La plata
que vena de la Nacin para atender los requerimientos ms
indispensables de la poblacin, la dejaban en un banco donde
daba intereses (...) Santiago del Estero fue empobrecida
y la mayora de sus habitantes en el interior padecen enfermedades
propias del medioevo" (3).
Dentro de las numerosas medidas que se tomaron en este sentido,
deben destacarse algunas particularmente simblicas. En
primer lugar, la nulidad del contrato con el Banco de Santiago
del Estero S.A, que poco despus de la devaluacin de 2001
haba convertido las comisiones por diferentes servicios,
fijadas en 450.000 en 1995 (cuando un peso era igual a un
dlar), en "la cantidad de pesos equivalentes a 450.000
dlares mensuales", segn los Decretos provinciales
N 55 y 87/04. Debe ser ste el primer caso de dolarizacin
automtica de un contrato en pesos.
Otra medida a destacar es la revocatoria de las contrataciones
de seguros con la Empresas Hamburgo S.A., que esgrimi "razones
de urgencia" para realizar una contratacin directa
por el periodo 1996 - 2012 (Decreto N 112/04). Es claro
que una vinculacin que plantee semejante plazo de duracin
no puede justificarse en la premura con que se requieren
de los servicios.
Por ltimo, se resalta la reformulacin de un nuevo sistema
de cdigos de descuentos sobre el salario de los empleados
pblicos provinciales. Para quien no vive en estas provincias,
es difcil imaginar la importancia que tienen estas operatorias,
que se basan en la asignacin de crditos a cambio del descuento
automtico sobre el salario. Con el nuevo rgimen slo permanecer
vigente el sistema automtico de dbito para las Instituciones
sin fines de lucro - Sindicatos, Mutuales y Cooperativa
- garantizndose que el trabajador no podrn tener afectado
ms del 20% de su salario bruto (Ley N 6.658).
En esta pelea contra el poder econmico, la Intervencin
Federal inaugura una lnea de trabajo que deja en herencia
para el prximo gobierno batallas judiciales y polticas.
Es mucho lo que se podr avanzar, pero la continuidad de
este proceso est indisolublemente atada al surgimiento
de un poder poltico de base diferente al que primaba hasta
la marzo del 2004 (4).
La pelea poltica
Todos los objetivos, entonces, terminan apuntando sobre
el mismo elemento: construir una nueva forma de hacer poltica
en la provincia. Pero aun acordando en este objetivo comn,
surgieron estrategias con matices diferentes en un gabinete
de gobierno que articulaba dos tipos de funcionarios: por
un lado, un ncleo ms estrechamente ligado al Interventor
Federal, de perfil juridicista y sin pasado poltico-partidario;
por otro cuadros polticos con amplia trayectoria en el
Partido Justicialista (PJ, peronistas).
El ajuste entre estos dos grupos fue bastante satisfactorio
hasta la salida del ministro de Justicia del Gobierno Nacional,
Gustavo Bliz, que sac a la luz la existencia de ideas
diferentes sobre la forma en que el gobierno deba actuar
en la poltica provincial. En este aspecto, uno de los puntos
de mayor friccin fue el de la relacin con los intendentes
y los comisionados municipales quienes, en la mayora de
los casos, haban sido el canal por el cual se expresaba
el poder territorial del juarismo. Por un lado estaban los
que queran intervenir todos los gobiernos locales, con
el objetivo de romper los hilos en donde poda sobrevivir
o recomponerse la vieja estructura poltica. Por otro, los
que, a partir del mismo diagnstico, consideraban que la
provincia tena mil maneras de disciplinar estas estructuras,
mientras que su intervencin slo lograra que estos aparatos
polticos pasaran homogneamente a la oposicin.
Esta ltima fue la lnea adoptada, sobre la que quedan dudas
acerca de su eficacia. No tanto respecto a la idea de intervenir
todos los municipios (apenas haban funcionarios para el
gobierno provincial y era difcil imaginar de dnde saldra
el personal de confianza para los veintisiete municipios
y el casi medio centenar de comisiones municipales), sino
en intervenciones selectivas sobre los jefes comunales ms
ligados al pasado juarista. El mismo razonamiento se haca
extensivo a la manera en que deba tratarse al PJ, que la
cada de Jurez haba atomizado.
Estaban los que consideraban que haba que sumar abiertamente
a aquellos dirigentes que haban sido antijuaristas o a
los que, cualquiera fuera su pasado, aceptaban cruzar el
Jordn y apoyar los procesos de cambio. Otros, proponan
una poltica de prescindencia: no hacer nada en particular
hacia el PJ distinto de lo que se haca con otros partidos.
En distintos momentos, y frente a diferentes cuestiones
prevaleci una u otra lnea de trabajo.
La Reforma Constitucional
El elemento central alrededor del cual gir la coyuntura
poltica en estos meses fue la reforma constitucional impulsada
por el Interventor. Su justificacin conceptual no era difcil
de armar: existe una obvia relacin entre la estructura
constitucional vigente y el carcter autoritario del rgimen
poltico que motiv la Intervencin Federal. El punto neurlgico
de la reforma estaba en una serie de disposiciones constitucionales
que reducan importancia electoral de las Ciudades de Santiago
del Estero y de La Banda -las dos jurisdicciones en donde
tena ms peso la oposicin- a la vez que garantizaban un
piso de diputados a la mayora. Con esta legislacin, una
fuerza cuya principal base electoral estuviera en el interior
-como era el caso del juarismo- lobtena el 70% de los diputados
provinciales con slo el 35% de los votos.
Por su parte, diferentes sectores de la sociedad civil reclamaban
que la nueva Constitucin prohibiera, de una vez y para
siempre, la Ley de Lemas. Es que tal instrumento estaba
fijado en la historia como la manera en que los partidos
polticos -en especial el PJ y la Unin Cvica Radical-
haban manipulado en su provecho el sistema electoral.
El llamado a Reforma Constitucional depar una primera sorpresa
cuando el interventor del PJ, el Diputado Nacional por el
Chaco Rafael Gonzlez, consider que el interventor no tena
potestades para convocarla. Este posicionamiento caus extraeza
A qu jugaba el interventor del partido oficialista? Era
claro que para un cuadro que vena del ms crudo pragmatismo
las cuestiones doctrinarias del Derecho Constitucional no
eran precisamente una prioridad.
Los allegados de Gonzlez justificaron sus posiciones en
la necesidad de reunir a un justicialismo totalmente desperdigado,
lo que caus ms alarma, porque si era as, el aglutinamiento
iba a ser contra el gobierno. Ms sensatamente, los medios
explicaron su accionar a partir de la puja interna entre
el presidente Nstor Kirchner y el lder peronista Eduardo
Duhalde y sus mltiples derivaciones.
El propio proceso hacia la constituyente sepult este primer
debate. Todo el espectro poltico, social y cultural - con
excepcin del aparato del PJ y el Intendente de la Ciudad
de La Banda - se pronunci con inusitada energa por la
necesidad de la Reforma.
Ms significativo an fue que el proyecto de reforma constitucional
recibi el apoyo de los intendentes peronistas, quienes
-alinendose con el gobierno- dijeron que se trataba "de
una prioridad" y que deba realizarse "antes de
las elecciones generales a gobernador, vice, y diputados
provinciales". El proyecto de la Reforma Constitucional
recibi el explcito respaldo del presidente Nstor Kirchner
y de varios de sus ministros. Hacia julio pasado, el interventor
del justicialismo no tuvo ms remedio que variar su posicin
e incorporar el partido al proceso reformista.
Pero estos fueron slo los primeros escarceos. En ocasin
del cierre de la presentacin de las listas a constituyentes
volvieron a surgir tensiones de todo tipo y la lista del
peronismo se parti en dos. Por un lado, qued la lista
oficial, con mayora de los sectores abiertamente opositores
al gobierno. Por otro, una lista que, en nombre del kirchnerismo,
estaba hegemonizada por los intendentes -la mayora de ellos
de reconocido pasado juarista- y contaba con la participacin
de Memoria y Movilizacin, una agrupacin ligada a Eduardo
Duhalde, secretario de Derechos Humanos de la Nacin.
La lista disidente fue propiciada por funcionarios del ministerio
del Interior llegados a ltimo momento y por algunos funcionarios
de la propia Intervencin Federal. Los jefes comunales se
defendieron de la acusacin de "traicin" sosteniendo
que la iniciativa habra partido desde el propio interventor
del PJ, a quien hicieron responsable por incluir a "juaristas"
y allegados al poder econmico en la lista oficial. Para
algunos fue una jugada maestra, pues aislaba al juarismo
y sus aliados y los expona a una catastrfica derrota electoral.
Sin embargo, la operacin fue criticada duramente por el
propio Lanusse, quien se mostr sorprendido por estas maniobras
(estaba en Buenos Aires en ocasin del cierre de listas),
a la vez que repiti su discurso de prescindencia electoral:
"no aval, no avalo, ni avalar ninguna lista".
Para enrarecer ms el ambiente, todos estos hechos sucedan
cuando la justicia federal de la provincia - reiteradamente
acusada de connivencia con el juarismo - excarcelaba al
"protector ilustre" y mltiples rumores de renuncias
en el gabinete y an del Interventor Federal recorran los
mentideros polticos.
Un final abierto
En pocas semanas ms, el prximo 31 de octubre, habr elecciones
a Convencionales Constituyentes, un hito en la batalla por
cambiar el sistema poltico de la provincia. Hasta el momento,
la Intervencin ha logrado sortear los embates de una oposicin
constituida por el juarismo, los principales grupos econmicos,
el intendente de la Ciudad de La Banda, "Chabay"
Ruiz, el diputado Jos Cantos -aliado de Menem en el 2003
y dueo del "Nuevo Diario" y la radio LV11- el
diputado Jos Figueroa -ex Secretario de Desarrollo Social
de Menem - y el senador del radicalismo Jos Zavala.
Este poderoso frente, por oportunismo poltico o porque
aora al Santiago de las ltimas dcadas, recoge lo que
todava queda del sistema poltico que armaron Jurez y
Musa Azar. Haberlo neutralizado hasta ahora, no da seguridades
hacia el futuro. La Intervencin todava tiene mucho por
hacer, y para ello debe conjurar los fantasmas que surgen
de una cultura poltica acostumbrada al clientelismo y el
favor; del escassimo capital social, poltico y organizacional
que tiene la provincia para enfrentar un proceso de cambio
y de una relacin con el poder central que se ha enrarecido
desde la salida de Bliz.
Notas
1 Al precio de 0,23 centavos la hectrea
se vendieron 4 millones de hectreas, cuando el precio de
cada durmiente de quebracho que pagaba el ferrocarril ingls
era de aproximadamente de pesos 1,50.
2 A la llegada de la Intervencin ocurrieron
una serie de disturbios promovidos por el juarismo, cuya
expresin ms notoria fue una ola de usurpaciones de viviendas
construidas por el Estado. Fue un gran desafo para la Intervencin
superar estos hechos sin recurrir a la violencia, lo que
hubiera daado irremediablemente su perfil defensor de los
derechos humanos.
3 El Liberal, Santiago del Estero, 1 y
8-8-04.
4 En este aspecto, cabe mencionar que
son muchos los rumores y denuncias sobre dirigentes polticos
que se acercan al poder econmico a pedir el financiamiento
de campaas electorales a cambio de seguridades para cuando
sean gobierno...
Fuente: Portal Rebelin
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